Los cinco Grupos de acción Local de Cantabria, trabajan desde hace dos semanas en la búsqueda de alternativas al nuevo Decreto del gobierno de Cantabria que regula los senderos de uso deportivo en la Comunidad Cantabria. La Junta Directiva de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presidida por Leoncio Carrascal, critica que esta nueva normativa no ha contado en su concepción con la participación del medio rural, población y territorio sobre la que recae el peso de esta nueva regulación. “Para la redacción de esta norma no se ha tenido en cuenta a ningún actor territorial ni sectorial ni a nivel administrativo ni a nivel técnico, ni siquiera a los Ayuntamientos ni Juntas Vecinales, que son quienes tienen la competencia”, afirma Leoncio Carrascal, presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Normativa Poco Clara
Los responsables de los cinco Grupos, indican que este nuevo decreto genera inseguridad jurídica debido que es poco claro en la delimitación del destino principal de los caminos. La nueva norma indica el desarrollo de actividades lúdico-deportivas, un concepto jurídico indeterminado que no queda bien definido en el texto legal. Sendas y caminos son un recurso fundamental para el medio rural desde perspectivas tan diferentes como el uso laboral, el transporte y, por supuesto, también el turismo. Muchos de ellos existen desde hace mucho tiempo y no tienen como destino el lúdico deportivo. “¿Quién determina cuál es su uso principal?”, se pregunta Leoncio Carrascal.
Los cinco Grupos de Acción Local indican que este nuevo decreto genera inseguridad jurídica.
En este sentido, las líneas de trabajo que se están abordando van encaminadas a analizar la normalización de la señalización, que otras CCAA ya se ha regulado. También se trabaja en la base cartográfica y topoguía que, tal y como está redactado en el decreto, limita la autonomía no solo local sino la actividad privada de cualquier persona pública, privada o guía que se pretenda elaborar. El decreto marca que deben realizarse conforme a unos criterios los cuales ni siquiera se establecen.
Respecto a la red cántabra de senderos de uso público, ésta no se limita a crear una red de senderos deportivos o de uso turístico, sino que pretende regular cualquier tipo de uso público, un hecho que limita la dinamización socieconómica basada en el uso de los caminos, como recurso turístico y de destino.
La Red Cántabra de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local afirman que este decreto es necesario en cuanto a la homogeneización de la red de senderos de Cantabria, sin embargo con la nueva normativa, la autorización del sendero queda supeditada a su homologación por parte de la Federación de Montaña. Para los Grupos de Acción Local de Cantabria, esta circunstancia supone a efectos prácticos que quede en sus manos el establecimiento de toda la red de sendas autonómicas vulnerando la autonomía local e incrementando notablemente la burocracia.
“Cualquier normativa que afecte al medio rural debe escuchar las necesidades de todas las partes interesadas y debe ser fruto de un análisis serio y riguroso” -prosigue el presidente de la Red- “y por esa razón desde esta entidad se propone la necesidad de la puesta en marcha de una comisión técnica participada y con protagonismo territorial que trabaje esta cuestión y que atienda y tenga en cuenta a todos los agentes implicados en su desarrollo”, concluye Carrascal.
La mayoría de las sendas en la actualidad son sin duda fundamentales para vertebrar la oferta turística de un territorio y suponen una fuente de generación de recursos económicos ligados a dicho turismo al tiempo que se fomenta el conocimiento y respeto por el mundo rural. Por tanto, los ayuntamientos y mancomunidades son los primeros interesados en conservar, mejorar, y regular sus sendas de forma atractiva. Sin duda se trata de un recurso de alto valor y los Grupos de Acción Local, conocedores de este potencial, promueven, subvencionan y coordinan actuaciones encaminadas a la mejora, acondicionamiento y señalización de dichos recorridos.
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